Fecha: 4 de junio de 2026
La Certidumbre de Papel
Por: Don Juan
Vaya pirueta retórica la que nos recetó esta mañana la Secretaría de Economía. Con bombo y platillo, el aparato oficialista celebró que México ganó un arbitraje internacional ante el CIADI contra la minera Silver Bull, librando un pago de 315 millones de dólares. “Se fortalece la certeza jurídica”, afirmaron muy ufanos desde sus escritorios, lanzando el mensaje directo a las bases de la llamada Cuarta Transformación para demostrar que, según ellos, el Estado de Derecho goza de cabal salud en tiempos de la Presidenta.
Pero a Don Juan no se le da el engaño con espejitos. Al desmenuzar las letras chiquitas del fallo, la narrativa oficialista se desmorona por su propio peso técnico. México no ganó por la solidez de sus instituciones actuales ni por la confianza que genera su nuevo andamiaje legal. Ganó, simple y llanamente, por las reglas del pasado. El tribunal desestimó la demanda porque la minera intentó colarse usando los tiempos y mecanismos del viejo TLCAN, un tratado que ya expiró. Es decir, ganamos con las cartas que dejó la “época neoliberal”, esa que tanto les gusta maldecir en el discurso matutino.
La verdadera “certeza jurídica” de la que presume el gobierno es una ilusión de papel, un paliativo para el consumo interno que choca de frente con la cruda realidad constitucional que padece el ciudadano de a pie. Pregúntenles, si no, a los miles de jubilados técnicos y de confianza de Pemex, CFE y el ISSSTE. A ellos, mediante una reforma feroz al Artículo 127 constitucional publicada en abril, les metieron la mano al bolsillo de la noche a la mañana, aplicándoles un tope retroactivo que mutiló hasta el 70 por ciento de sus pensiones legítimas y ganadas con décadas de sudor.
Y para asegurarse de que nadie pudiera defenderse, el oficialismo diseñó el candado perfecto: modificaron la Ley de Amparo para arrancarles a los jueces la facultad de dictar suspensiones con efectos generales. Hoy, el ciudadano está desarmado. Quien quiera defender sus derechos adquiridos debe emprender un calvario individual, costoso y fragmentado, topándose con juzgados que ya baten en retirada ante el desmantelamiento de los contrapesos. Para el pueblo y para los trabajadores de carrera, la ley se volvió retroactiva y la certidumbre, condicional.
Ese es el verdadero conflicto de fondo que la Secretaría de Economía pretende tapar con un laudo minero obsoleto. El derecho internacional no se rige por las mañaneras ni por el sometimiento de los tribunales locales. En el exterior, la certidumbre se mide por la predictibilidad, por el respeto a la palabra empeñada y por la estabilidad de las reglas del juego. Al alterar la Constitución para confiscar ingresos y debilitar el juicio de amparo, el gobierno mexicano ha activado todas las alarmas de los inversionistas extranjeros.
Los litigios multimillonarios que vienen en camino —los de Ganfeng Lithium, los de Vulcan Materials y las represalias energéticas bajo el T-MEC— no se van a resolver por tecnicismos temporales del pasado. Esos páneles sí juzgarán las leyes de la 4T. Y ahí, el argumento oficial de que “somos soberanos para cambiar la Constitución” topa con el Artículo 27 de la Convención de Viena, que prohíbe usar el derecho interno para violar un tratado internacional.
Celebrar el triunfo contra Silver Bull como una victoria del modelo actual es un despropósito monumental. Es festejar la sombra de un árbol que ellos mismos ya talaron. La realidad es contundente: la certidumbre jurídica en México se está cayendo a pedazos, y no habrá comunicado alegre que pueda ocultar las facturas financieras y comerciales que este país tendrá que pagar mañana.
Al tiempo.